Las personas físicas; Particulares, autónomos, consumidores en general y familias sobre endeudadas. Por lo tanto, cuando un deudor de buena fe se ve irremediablemente en una situación de insolvencia originada por factores que se escapan de su control, es decir, ajenos a él, se podrá beneficiar de esta ley y podrá empezar de cero. El ordenamiento jurídico ha ofrecido recientemente salidas razonables a las personas deudoras que no puedan cumplir con los compromisos contraídos y que por una alteración sobrevenida e imprevista de sus circunstancias, precisan de regulación legal de su situación, al igual que las personas jurídicas, que ya disponían de regulación. También, cabe añadir, que las empresas con una estructura simple (Pymes y empresarios individuales) es decir, no consideradas personas jurídicas, pueden acogerse a la Ley si tienen menos de 50 trabajadores y una deuda que no supere los 5 millones de euros. En el caso de las personas jurídicas, siguen otro tipo de procedimiento concursal que lleva aplicándose más tiempo y que normalmente acaba en extinción de la sociedad mercantil, sin atacar nunca el patrimonio personal de los socios.